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Junín, miercoles 31 de Diciembre de 1969

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   Columnas de opinión                    
 
(30/03/17)

Compartir en Facebook El fallo “Schiffrin” y sus consecuencias

Por Dr. Pablo German Petraglia
 
Ex Presidente del Concejo Deliberante de Junin. Prosecretario General de la UNNOBA - Profesor Derecho Público (UNNOBA)
 

La Corte Suprema  de la Nación falló en la causa “Schiffrin”, revocando el precedente "Fayt", respecto de la interpretación del art. 99 inciso 4  introducido en la reforma constitucional de 1994  y dejó abierta la salida de los jueces federales de más de 75 años.

En el núcleo de coincidencias básicas que se firmó luego del Pacto de Olivos, la forma de designación de los jueces era uno de los temas acordados para la reforma. Pero en la Convención Constituyente se incorporó la limitación de los 75 años en exceso a lo previamente acordado. Fayt, juez de la Corte desde 1983, se sintió agraviado y obtuvo un pronunciamiento por el cual se determinó que la reforma de la Constitución Nacional, en ese punto, era inconstitucional, por haberse excedido el marco en que fue convocada, siendo el primer pronunciamiento en ese sentido. En este nuevo pronunciamiento, la Corte –con dos ex convencionales constituyentes de 1994 como Rosatti y Maqueda y Rosenkrantz que actuó como asesor de Alfonsín y que votó en disidencia -revisa aquella doctrina y confirma la constitucionalidad de la disposición en crisis.

Los efectos de esta sentencia no alcanzan a la actual jueza de la Corte Highton de Nolasco, que obtuvo sentencia a la luz del precedente “Fayt”, y extrañamente el Poder Ejecutivo Nacional no apeló, como sí lo hizo y mantuvo la instancia en otros casos. Todos aquellos jueces que tenían judicializado su caso deberán comenzar inexorablemente los trámites jubilatorios, generando un “happy hour” (Gustavo Arballo dixit) de cargos que decidirá este gobierno. ¿La otra cara de la moneda de “Justicia Legítima”?

Tampoco queda claro y genera dudas en el caso que se dé un nuevo acuerdo por parte del Senado de aquel que arribó a la edad de 75 años. ¿Será  el Consejo de la Magistratura, que es exhortado en el fallo a “que tome las medidas necesarias” quien debiera reglamentar una remisión "automática" del pliego del juez que está por cumplir 75  años al Senado o deberá haber una ley que fije este procedimiento o es una facultad del Poder Ejecutivo que ha sido menguada? ¿ El PEN tiene discrecionalidad para mandar el pliego o no?  ¿Es potestad  que debe hacer de oficio el Consejo de la Magistratura en una amplia interpretación de sus competencias? Dudas que auguran y aseguran dolores de cabezas y suspicacias en un gobierno que pretendió designar dos jueces de la Corte por decreto.

En el mientras tanto también una cuestión no debe soslayarse, interín se sustancien los concursos y se designen los jueces entran en funcionamiento  el sistema de cobertura transitoria de las vacantes que se produzcan. Otra cuestión que genera siempre un manto de sospechas.

En cuanto al fondo,  el  voto de la mayoría, simplificando al lector, establece la doctrina de expandir los poderes del constituyente. Pero ello puede ser un arma de doble filo para la política argentina y su organización pensando en una futura y eventual reforma constitucional. Como lo sintetiza Arballo: el "Pacto de Olivos" fue posible por las limitaciones que se entendían vinculantes del poder constituido al poder constituyente reformador. El "paquete cerrado" allí impedía que el que tuviera más convencionales rompiera el pacto. Ahora no se puede asegurar eso, explica el profesor pampeano. Roberto Gargarella interpreta que la mayoría de la Corte dejó en claro que   el poder de la Convención reformadora se encuentra limitado ya que, como “poder constituyente derivado”, la Convención debe actuar dentro de los estrictos límites que le fija el Congreso cuando habilita la reforma. Sin embargo, dice este doctrinario,  la Corte agregó a lo dicho dos cuestiones fundamentales. Primero: los jueces deben actuar bajo un principio general de deferencia hacia la Convención Constituyente, dado que la Convención representa de modo muy especial la voluntad soberana del pueblo. Segundo: en caso de dudas razonables, la justicia debe preferir el criterio de la Convención frente al propio. Rosenkrantz, en su voto en disidencia recuerda los resquemores que suscitan las Convenciones reformadores ante la posibilidad de que se conviertan en “cajas de Pandora”, con la disposición y el poder de reformar lo que les plazca y del modo en que les plazca.

Ante lo imprevisible del sistema político argentino y la falta de verdaderas políticas de Estado afianzadas en pactos estables y duraderos se profundizan los interrogantes institucionales.  Gargarella cierra su comentario expresando “Se trata de un punto importante en materia de interpretación constitucional: la voluntad popular tiene una especial primacía. Para el futuro, de qué modo se honra apropiadamente a esa misma voluntad popular cuando se redacta una carta constitucional”.   Traduciendo,  ¿puede que a una mayoría única y circunstancial en una convención reformadora se le “salga la cadena”? Luego de “Schiffrin” ¿cómo, cuándo y quién será el bicicletero que deba ponerla en su sitio?

 
Autor: Dr. Pablo German Petraglia
 

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